La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad emitió este miércoles un contundente comunicado denunciando un «escenario autoritario» en Ecuador bajo el gobierno de Daniel Noboa, caracterizado por la persecución política, restricciones a libertades fundamentales y la firma de acuerdos con actores privados como el mercenario Erik Prince.

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La declaración, respaldada por activistas y académicos globales, urge a organismos internacionales a intervenir para garantizar el retorno a la democracia plena.

El documento señala que Noboa asumió la presidencia en noviembre de 2023 tras una elección marcada por la violencia del crimen organizado. Además, le reprochan haber decretado el estado de excepción 24 horas antes de los comicios del 13 de abril de 2025.

???? La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad se pronuncia frente a las elecciones del domingo 13 de abril y piden a los organismos internacionales a velar por el retorno de Ecuador a la constitucionalidad, la vigencia de los derechos y libertades y el cese de… pic.twitter.com/ctWNUJ3qWr

— Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) April 17, 2025

Según la REDH, esta medida, justificada oficialmente como una acción contra el narcotráfico y grupos armados, suspendió garantías constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la privacidad de comunicaciones.

Según la Red, el decreto 599 —vigente durante el proceso electoral— carece de fundamento legal, ya que «ningún hecho excepcional» ameritaba su aplicación en un contexto democrático. A su vez, menciona que organismos como la ONU han advertido que los estados de excepción no deben utilizarse para limitar derechos políticos, especialmente durante elecciones.

Persecución política y lista negra

En los días posteriores a las elecciones, donde el oficialismo enfrentó a la oposición liderada por el Movimiento Revolución Ciudadana (RC), el gobierno publicó una lista de 100 personas a quienes se les prohibió salir del país. Entre ellos figuran el binomio presidencial de RC, Luisa González y Diego Borja, así como miembros de su equipo de campaña, autoridades locales y periodistas críticos.

La Red calificó esta medida como un intento de «suprimir a la oposición», en alusión a las declaraciones de Noboa sobre «poner fin al correísmo» —término que alude al movimiento del expresidente Rafael Correa (2007-2017)—. El comunicado advierte que cerca de la mitad del electorado ecuatoriano simpatiza con RC, por lo que las acciones gubernamentales «ponen en riesgo la vida y seguridad» de millones de personas.

@telesurtv_oficial En Ecuador se han realizado numerosas denuncias encontra Daniel Noboa y funcionarios de migración que al parecer cuentan con una lista de unas 100 personas, incluidos estrategas de campaña de la RC y otras personas que no son afines al gobierno de Noboa, a quienes el Ejecutivo busca restringir su derecho a salir del territorio nacional. #Ecuador #Elecciones #Presidenciales #EcuadorDecide2025 #Denuncias #Persecusión #DanielNoboa ♬ sonido original – teleSUR

Otro de los puntos abordados por la declaración es el acuerdo firmado por Noboa con Erik Prince, fundador de la empresa militar privada Blackwater, vinculada a operaciones controvertidas en Irak y Afganistán. La REDH afirma que este pacto «viola la Constitución», que reserva la seguridad ciudadana al Estado, y abre la puerta a violaciones de derechos humanos por actores no estatales.

Además, denuncian amenazas directas contra la libertad de prensa. Ejemplo de ello es el caso del periodista Orlando Pérez, cuyo «derecho a la vida» fue vulnerado tras críticas al gobierno. Esto, sumado a la obligación de empresas de telecomunicaciones de entregar datos personales a las fuerzas de seguridad, crea un clima de «censura y autocensura» y limita el acceso ciudadano a información diversa.

Llamado internacional

En base a las anteriores consideraciones, la organización hizo un llamado urgente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y la Unión Europea para:

1. Exigir la restitución inmediata de derechos como la libre movilidad, reunión y privacidad.
2. Investigar abusos cometidos por fuerzas de seguridad durante el estado de excepción.
3. Presionar al gobierno a derogar el decreto 599 y cesar la «campaña de odio» contra la oposición.
4. Vigilar el uso de mercenarios en labores de seguridad interna.

«Ecuador merece volver a ser un Estado de paz», subraya el texto, que también critica la narrativa oficial de estigmatizar a detractores como «enemigos públicos», algo que, según la Red, «recuerda a regímenes dictatoriales latinoamericanos del siglo XX».

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